“Israel tiene que elegir antes del fin del año: o tenemos una asociación para llegar a una solución (…) o Israel será el único responsable de las áreas y pueblos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo”, advirtió un miembro del Comité Ejecutivo de la OLP.
“Israel tiene que elegir antes del fin del año: o tenemos una asociación para llegar a una solución (…) o Israel será el único responsable de las áreas y pueblos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo”, advirtió el miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat.
Erekat precisó que el consejo central de la OLP decidió durante su última reunión poner plazos al régimen de Israel “como último recurso”.
Según los analistas políticos, la disolución de la ANP, que también incluiría la cancelación de los Acuerdos de Oslo de 1993, generará grandes problemas diplomáticos y de seguridad al régimen de Israel.
La iniciativa, que también implica el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad palestinas, podría desencadenar un levantamiento popular masivo contra el régimen de Tel Aviv.
Por otra parte, Erekat se refirió a las declaraciones del primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, del mes pasado sobre que quiere reanudar las conversaciones con los palestinos para que cualquier acuerdo de paz futuro otorgue al régimen de Israel asentamientos que tiene la intención de anexionarse.
"Cuando escuché eso, me miré en el espejo para ver si llevó en la cara la palabra ‘estúpido’ (...) quieren que legitimemos los asentamientos ilegales", exclamó el también jefe de los negociadores palestinos.
Previamente, el canciller palestino, Riad al-Maliki, se mostró escéptico respecto a la anunciada disposición de Netanyahu a reanudar los llamados diálogos de paz con los palestinos.
En su campaña electoral, Netanyahu aseguró que si ganaba se opondría a la creación de un Estado palestino independiente y apoyaría una mayor construcción de viviendas ilegales israelíes en los territorios palestinos.
Los asentamientos israelíes son considerados ilegales por las Naciones Unidas y la mayoría de los países, porque los territorios fueron arrebatados por el régimen de Tel Aviv a Palestina en la llamada Guerra de los Seis Días (1967), y la Convención de Ginebra prohíbe construir en territorio bajo ocupación.
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