"Todas las posibilidades son reales, porque están ahí para proteger la voluntad soberana del pueblo español. No se trata de amenazar. Esto es lo que hay. Todos tenemos que cumplir la ley, incluidos los catalanes. Para eso está el Estado", declaró.
Todas las posibilidades son reales, porque están ahí para proteger la voluntad soberana del pueblo español. No se trata de amenazar. Esto es lo que hay. Todos tenemos que cumplir la ley, incluidos los catalanes. Para eso está el Estado", declara el ministro de Defensa español, Pedro Morenés.
A juicio del titular de Defensa, la "voluntad soberana de un pueblo" se manifiesta en las leyes, y "la ley, empezando por la Constitución, nos obliga a todos, incluidos los catalanes, los vascos, los castellanos, los madrileños, los gallegos, los asturianos".
Por su parte, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, dejó claro que el Gobierno de Madrid impugnará el decreto de convocatoria a las elecciones regionales catalanas previstas para el 27 de septiembre, "si no se adecuase a la Constitución".
El viernes, también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, amenazó a los secesionistas al afirmar que la Constitución ofrece distintos mecanismos para que se cumpla y hacer cumplir la ley.
“En España, los símbolos están regidos por la Constitución y las leyes, y si se incumplen, el Gobierno hará cumplir la ley”, aseveró la número dos del Gobierno.
En el caso de recurrir al artículo 155 de la Constitución española, el Estado y el Ejército pueden intervenir contra la independencia, suspendiendo la autonomía e instaurando una administración delegada o directa por parte del Gobierno central.
Tal intervención contaría con el apoyo operacional de los cuerpos de seguridad del Estado y un papel limitado del Ejército del país en la protección de infraestructuras estratégicas.
El presidente de la Generalitat de Cataluña (noreste de España), Artur Mas, y otros dirigentes afines a la causa consideran las elecciones autonómicas del 27 de septiembre como un apoyo a los independentistas.
El proyecto independentista catalán ganó ímpetu con una multitudinaria manifestación en Barcelona, en septiembre de 2012, y alcanzó su clímax el pasado 9 de noviembre, cuando una consulta popular informal congregó a 2,3 millones de personas para votar a favor de la independencia.
El Gobierno español ha sido muy criticado por su actuación frente al auge del independentismo catalán a partir de 2012, tanto por los secesionistas que lo acusan de no respetar su “derecho a decidir” o derecho a la autodeterminación como por los centralistas y unionistas, que le achacan inacción o tibieza frente al desafío que plantea el independentismo.
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