El CSNU, en su declaración presidencial, se mostró el martes muy preocupado por la situación desestabilizadora en el país africano, ya que, a su criterio, está amenazando el proceso de transición.
Tras instar a la aplicación de la resolución 2196 del organismo, condenó la matanza de civiles, los saqueos de instalaciones humanitarias y los asaltos al personal de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y advirtió de que podrían constituir crímenes de guerra.
De este modo, subrayó su apoyo a las autoridades de transición y convocó a los actores políticos a garantizar la paz y la reconciliación en el territorio.
En la actualidad, una autoridad de transición encabezada por la presidenta, Catherine Samba Panza, gobierna el país con el objetivo de organizar las elecciones y restaurar el mandato democrático.
Estaba previsto que el país celebrara elecciones presidenciales y parlamentarias el fin de semana pasado, consideradas fundamentales para avanzar en el proceso de transición, si bien se aplazaron a última hora a causa de la inseguridad.
El país centroafricano es escenario de crímenes sectarios tras el golpe de Estado de 2013. En diciembre de ese mismo año, la ONU permitió a Francia enviar tropas al país, su antigua colonia, "para desactivar el conflicto".
Aunque las fuerzas de la ONU —y las francesas— están presentes sobre el terreno, la situación en esta República es grave. Numerosas denuncias apuntan, por otra parte, a los "cascos azules" (fuerzas de la ONU) como responsables de los abusos sexuales a menores.
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