Esta es mi tierra - Guatemala, violencia sexual y desapariciones forzadas

La historia de Guatemala está marcada por un largo y doloroso conflicto armado que ha durado casi 36 años, durante los cuales el Estado violó sistemáticamente los derechos de la población Maya, según consta en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala.

Videos Más del 80 % de esas violaciones se cometió contra el pueblo Maya. Las mujeres especialmente afectadas por el conflicto, fueron especialmente afectas por abusos y esclavitud sexual. Muchas tienen hoy más de 50 años y sufren los trastornos severos del estrés postraumático tras recoger y documentar su testimonio. La “Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad” formada por varias asociaciones, ha trabajado conjuntamente desde el año 2009 para acompañar a las mujeres y seguir el caso.

El caso de Sepur Zarco es una comunidad que se encuentra al norte de Guatemala. Allí hubo 6 operativos militares con fines de exterminio y tortura. En 1982, el ejército capturó a hombres Mayas de la comunidad y las mujeres al quedar solas y viudas muchas de ellas fueron sometidas a la esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual. Los abusos fueron cometidos por miembros del ejército de Guatemala durante 6 meses consecutivos, durante los cuales las mujeres hacían turno cada tres días para cocinar, lavar los uniformes militares siendo violadas en repetidas ocasiones de forma individual y colectiva. Algunas de ellas describieron que fueron inyectadas y obligadas a tomar medicinas anticonceptivas para evitar embarazos.

Tras organizar un Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual en el año 2010 las mujeres indígenas decidieron llevar el caso ante la justicia ordinaria y presentaron una querella en el año 2011. Este caso es el primero en llegar a las instancias judiciales a nivel nacional por delitos de trascendencia internacional contra mujeres.

En días recientes, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto con pasamontañas, allanaron la residencia del jurista Ramón Cadena, Director en Guatemala de la Comisión Internacional de Juristas, CIJ. Quienes perpetraron este acto, se identificaron como investigadores policíacos. Esta acción “ilegal, abusiva e intimidatoria,” es un atentado al trabajo por la defensa de los derechos humanos y por los casos de Justicia transicional, que la CIJ acompaña e impulsa en Guatemala.

Según el doctor Cadena, el atentado pretende contener el trabajo que la CIJ realiza en Guatemala, defendiendo Derechos Humanos de grupos, organizaciones y personas víctimas de abusos y por impulsar la Justicia transicional y el resarcimiento digno, en especial, para quienes sufrieron represión durante el Conflicto Armado Interno y en la actualidad, para poblaciones desplazadas y despojadas de su territorio por la ejecución de mega proyectos, como hidroeléctricas, extracción de minerales o expansión de monocultivos. Cadena defiende a pobladores que resisten a la construcción de hidroeléctricas en el río Chixoy, la minería en Barillas y San José del Golfo, también ha denunciado a la Fundación contra el terrorismo por hostigamiento y amenazas.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Guatemala. El Observatorio ha recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre hostigamiento judicial en contra del Sr. Pedro Rafael Maldonado Flores, Director del Centro de Acción Legal Social Ambiental de Guatemala (CALAS) [1], Sr. Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica y el Sr. Miguel Morth, un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos.

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