Ortega, desde el exilio, deseó el miércoles que Interpol interceptase a Maduro “en el aire” y lo detuviese cuando intente llegar al país andino —anfitrión de la cumbre regional el 13 y 14 de abril— o en cualquier otro lugar fuera de Venezuela.
“Pedí que se generara alerta roja de Interpol contra Nicolás Maduro, y sea detenido en Perú si es que va a la Cumbre de las Américas o donde vaya, ojalá lo puedan interceptar en el aire y detenerlo”, indicó Ortega.
La presencia de Maduro en el país andino ha derivado en polémica: el mandatario venezolano fue invitado a la cita de Lima, pero luego la primera ministra peruana, Mercedes Aráoz, canceló la invitación y le prohibió la entrada al territorio terrestre y aéreo de Perú. En tanto, el jefe de Estado bolivariano ha enfatizado que asistirá a la cumbre ya sea “por aire, tierra o mar”.
De acuerdo con la cesada fiscal general, ya el 19 de febrero ha presentado ante el llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, para la captura internacional de Maduro “por delitos de corrupción, legitimación de capitales, y el caso del soborno que pagó a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos”.
Pedí que se generara alerta roja de Interpol contra (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro, y sea detenido en Perú si es que va a la Cumbre de las Américas o donde vaya, ojalá lo puedan interceptar en el aire y detenerlo”, indicó la fugada ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz.
Ortega también señaló que una investigación ha constatado que, en 2012, la campaña electoral del expresidente fallecido venezolano Hugo Chávez (1999-2013) fue financiada por la constructora brasileña Odebrecht y el dinero lo recibió Maduro, quien para la fecha era canciller.
Mientras Ortega ha solicitado a una orden internacional de detención contra Maduro, meses antes, Caracas anunció su plan para pedir a Interpol capturar a la exfiscal, que huyó de Venezuela a Colombia luego de cometer varios delitos vinculados con una red de extorsión y corrupción en el país.
El TSJ en el exilio está conformado por magistrados elegidos por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, surgida de las elecciones de 2015 y que no reconoce la legitimidad de los 33 magistrados en ejercicio de esta alta corte por supuestas irregularidades en su proceso de elección en diciembre de ese mismo año.
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