“Dada la gravedad de este crimen horrendo y atroz, la República Islámica de Irán solicita firmemente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y al secretario general de la ONU que condenen de manera enérgica el ataque del régimen israelí contra la prisión de Evin, por constituir una violación grave del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado este domingo el embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, en una carta remitida a ambos entes.
Iravani ha enfatizado que los responsables del ataque, perpetrado el 23 de junio por el régimen sionista, deben ser procesados y llevados ante la justicia, conforme al derecho internacional, por la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, ha pedido a la ONU y el CSNU que adopten todas las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos tan atroces, “los cuales no solo ponen en peligro la vida de civiles bajo custodia, sino que también amenazan los cimientos del orden jurídico internacional”.
La nota considera el ataque contra la prisión de Evin, que ha dejado 71 muertos, como “una acción peligrosa e inaceptable que contribuye a la intensificación de la crisis”.
Según ha resaltado Iravani, el ataque provocó consecuencias devastadoras tanto por el impacto directo del bombardeo como por los traumas psicológicos derivados.
Según ha detallado, como resultado directo de esta agresión, un gran número de civiles perdió la vida, incluidos agentes de rehabilitación y reinserción, personal penitenciario, familiares de los reclusos que se encontraban de visita, así como los propios prisioneros.
Ha agregado que las infraestructuras esenciales del centro penitenciario, como la clínica médica, la entrada principal, la cocina y las salas de visita, fueron completamente destruidas en el ataque israelí.
El funcionario iraní ha dado a conocer que la destrucción de las instalaciones médicas de la prisión eliminó por completo la posibilidad de brindar cuidados urgentes y vitales a los presos gravemente enfermos.
Asimismo, la crisis humanitaria derivada de esta situación, junto con los serios problemas logísticos, afectó gravemente la capacidad para proteger los derechos de los detenidos y garantizar su seguridad. Mientras tanto, el caos, el miedo y el terror provocados por este ataque salvaje pusieron a todos los presos, especialmente a las mujeres y otros grupos vulnerables, en un riesgo grave e inminente, ha agregado.
Por todo, Iravani ha destacado que el ataque se considera una violación grave del derecho internacional, incluyendo el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe expresamente la imposición de castigos colectivos, la intimidación y los actos terroristas contra las personas bajo vigilancia.
Ha señalado que el ataque también infringe las ‘reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos’, conocidas como las Reglas de Nelson Mandela, que garantizan el derecho de los presos a acceder a servicios de salud sin discriminación.
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