“La intención en estos casos, las acusaciones y reclamaciones infundadas contra el Banco Central de Irán, los bancos Saderat y Meli y algunos de sus gerentes tienen únicamente intencionalidad política y carecen de todo valor legal”, recalcó el domingo el portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, en una rueda de prensa.
El vocero iraní aseveró que el proceso judicial llevado a cabo en un tribunal de Baréin contra el Banco Central, los ciudadanos y los bancos iraníes es tan extravagante que, a excepción de algunos medios de comunicación, las autoridades iraníes no tienen fuentes oficiales y de confianza para conocer los detalles de esos casos, por eso, afirmó que cualquier declaración al respecto está basada en las noticias publicadas en los medios.
“En todos estos casos, la Justicia de Baréin aparentemente solo está cumpliendo las órdenes y decisiones de los órganos políticos y de seguridad de dicho país. Asimismo, estos casos carecen de estándares judiciales relacionados con un juicio justo y las partes iraníes han sido privadas de sus derechos primarios, mientras que los procesos judiciales no han sido transparentes y tienen fallas”, agregó.
Jatibzade advirtió que, obviamente, Irán “se reserva el derecho de utilizar todos los medios nacionales e internacionales disponibles para contrarrestar tales medidas de Baréin y no retrocederá en la defensa de los intereses y los legítimos derechos de sus ciudadanos”.
Según informes de los medios de comunicación, el Tribunal Penal Superior de Baréin ha acusado al Banco Central de Irán, junto con varios otros bancos y funcionarios del país persa, de estar involucrado en supuestas actividades de “lavado de dinero”. El fiscal de Baréin ha condenado a los acusados a varias penas de prisión y a pagar multas al respecto.
No es la primera vez que Baréin plantea tales acusaciones contra los bancos iraníes. En 2020, tal tribunal barení condenó a tres funcionarios del Future Bank (Al-Mustaqbal, en árabe) —una entidad anteriormente dirigida por dos bancos iraníes y una institución financiera de Baréin— a cinco años de prisión y a multas de un millón de dólares, por acusaciones similares.
Además, ordenó la confiscación de fondos pertenecientes al Banco Central y a otros dos bancos de Irán en el pequeño país del Golfo Pérsico, por un presunto monto que asciende a los 173 millones de dólares.
Irán denunció entonces que los fallos judiciales de esta corte bareiní son infundados y politizados y se producen en el marco de las políticas de EE.UU.
El régimen de Baréin anunció en enero de 2016 la ruptura de sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, un día después de que hiciera lo mismo Arabia Saudí tras las críticas del país persa ante la ejecución del prominente clérigo chií, el sheij Nimr Baqer al-Nimr.
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