La ejecutiva peruana busca emitir decretos con fuerza de ley en sectores clave, escudándose en la urgencia de responder a crisis económicas y de seguridad. Sin embargo, la cesión de estas atribuciones otorga un cheque en blanco al Gobierno y amenaza con restringir libertades civiles sin fiscalización.
Delegar facultades al Ejecutivo debilitaría los contrapesos democráticos al eludir el debate parlamentario. Además, facilitaría la aprobación de leyes a puerta cerrada, con prisa y sin transparencia.
La propuesta del gobierno prioriza la reforma del Código Penal como eje principal para combatir la criminalidad. El Ejecutivo sostiene que el ajuste a las leyes resulta indispensable para enfrentar la inseguridad.
La propuesta abarca seguridad, justicia, empleo, agricultura, minería, ambiente, infraestructura, tributación y reforma del Estado. Su implementación se financiará con los recursos asignados a cada sector.
Aarón Rodríguez, Lima de Perú.
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