Por ello, diversos organismos internacionales han condenado el accionar de las fuerzas del orden, pues consideran que fue una masacre lo que hicieron contra los manifestantes en las regiones andinas. Ante este escenario, el Ministerio Público empezó una investigación preliminar contra Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas y la presidenta tuvo que declarar ante la Fiscalía.
La crisis política y social todavía no termina en Perú y algunas regiones del país aún se encuentran protestando contra el gobierno de Dina Boluarte. A lo largo de tres meses, las manifestaciones dejaron un saldo de 60 fallecidos, y como hasta la fecha aún no se han hallado a los culpables, la Fiscalía abrió una investigación contra la presidenta Boluarte, quien acudió a la sede del Ministerio Público para declarar sobre las muertes de los manifestantes.
A pesar de las investigaciones contra Boluarte, la población peruana no confía en que las instituciones ni las autoridades del Estado lleven a cabo una labor transparente.
Puno, unas de las regiones peruanas donde se registró el mayor número de asesinados, continúa siendo la zona donde hay más convulsión debido a la militarización impuesta por el gobierno.
Tras el anuncio de Dina Boluarte sobre llevar ayuda humanitaria a Puno, los manifestantes continuaron protestando para exigir que las Fuerzas Armadas se retiraran de su región. Los enfrentamientos dejaron un saldo 37 heridos entre efectivos policiales y civiles.
Aarón Rodríguez, Lima.
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