La agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) informó el domingo que funcionarios de régimen de Israel y Estados Unidos están preocupados por la publicación de una lista de compañías compiladas en una base de datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que podría alejarlos de los negocios.
Las compañías no han sido identificadas públicamente, pero según los informes, incluyen bancos, supermercados, cadenas de restaurantes, firmas de seguridad y gigantes internacionales que proporcionan equipos o servicios utilizados para construir o mantener asentamientos.
Los funcionarios del régimen de Tel Aviv dijeron a la AP que alrededor de 100 compañías israelíes que tienen actividades económicas en la ocupada Cisjordania han sido advertidas de que estarán en la lista. La misma alerta les ha llegado a unas 50 empresas internacionales, principalmente estadounidenses y europeas.
Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que esta lista no vea la luz del día", dijo el embajador del régimen Israel en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Danny Danon.
En este sentido, el embajador israelí en las Naciones Unidas, Danny Danon, declaró que el régimen de Israel hará todo lo que pueda para evitar que se divulgue el nombre de las compañías marcadas por la ONU. “Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que esta lista no vea la luz del día”, precisó.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, afirmó en agosto pasado que Washington considera “ese tipo de lista negra como contraproducente”.
En los últimos meses, el régimen israelí ha intensificado sus actividades de construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados en flagrante violación del derecho internacional y desafiando la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU).
La mayor parte de la comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes son ilegales porque los territorios fueron capturados por Israel en la guerra de 1967, por lo que están sujetos a los Convenios de Ginebra, que prohíben la construcción en territorios ocupados.
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