“Estas ilegítimas deportaciones causan la separación de familias y ocasiona un sufrimiento incalculable", ha lamentado este domingo el subdirector para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Joe Stork.
En este contexto, luego de solicitar al régimen de Al Jalifa que ponga fin “de inmediato” a la expulsión de ciudadanos bareiníes, ha insistido en la necesidad de que el país árabe restaure la ciudadanía a aquellos que les ha quitado la nacionalidad, bajo el pretexto de criticar al Gobierno.
Estas ilegítimas deportaciones causan la separación en las familias y ocasiona un sufrimiento incalculable", ha lamentado el subdirector para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Joe Stork.
En este sentido, ha precisado que desde el pasado 21 de febrero, el pequeño país del Golfo Pérsico ha deportado al menos cinco personas tras revocarles la ciudadanía.
Otros nueve activistas podrán tener el mismo destino, si un tribunal de apelaciones en Baréin no anula el venidero martes la decisión de quitarles su ciudadanía y excluirles del país, ha dicho. Sobre los activistas pesa la acusación bastante vaga de "provocar daño a la seguridad del Estado", ha agregado.
Al respecto, Taimoor Karimi, uno de los nueve acusados, ha puesto de manifiesto a HRW su profunda preocupación por ser forzado a vivir en otro país lejos de su familia. "No soy un hombre joven", ha afirmado Karimi, quien tacha de “sinsentido” la eventual deportación de los referidos activistas.
El jueves, el secretario general de la Organización Europea Bareiní de Derechos Humanos, Husein Yavad Parviz, informó que el régimen de Al Jalifa ha retirado en los últimos cinco años la ciudadanía de 280 ciudadanos.
Desde 2011, Baréin es escenario de protestas multitudinarias que exigen la salida del poder de los Al Jalifa y la liberación de los activistas presos, entre otras cuestiones. Muchos manifestantes han perdido la vida o han sido torturados durante las protestas antimonárquicas.
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