Las organizaciones exigen la derogación de la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial al considerar que contradice los derechos territoriales reconocidos a los pueblos indígenas y garífunas.
Las comunidades garífunas e indígenas sostienen que el desalojo representa un nuevo episodio de despojo sobre territorios que consideran ancestrales mientras continúan violentando sus derechos.
Un recurso presentado por las organizaciones, también asegura que la normativa contradice la Constitución de la República y compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos colectivos y territoriales
Según los impulsores de la iniciativa, los efectos de esta legislación no se limitan a las comunidades indígenas y garífunas, sino que también impactan a otros sectores vinculados a la defensa de la tierra, el agua y los recursos naturales.
La iniciativa continuará su curso mientras sus promotores mantienen la exigencia de derogar la ley y garantizar el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y garífunas.
Daniel Sierra, Tegucigalpa.
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