La Generalitat, sin embargo, mantiene el pulso democrático y está decidida a convocar la consulta pese a las intimidaciones constantes del Estado.
Nuevo golpe al proceso independentista, esta vez por el dinero dedicado al referéndum en las cuentas catalanas. Unidos de urgencia y por unanimidad, el TC ha avisado al Gobierno y los altos cargos de la Generalitat de posibles consecuencias penales si siguen adelante con la organización de la consulta.
La Generalitat ha criticado la poca inversión de los presupuestos estatales presentados precisamente durante esta misma jornada y ha defendido el referéndum, sin aclarar cómo abordará la suspensión de sus cuentas. Sí ha aclarado, no obstante, la legalidad de sus decisiones.
Los partidos unionistas han celebrado la decisión del Alto Tribunal y la han considerado previsible por la deriva independentista de la Generalitat.
Además de a la partida del referéndum, el Estado está extendiendo en los últimos tiempos su vigilancia a cualquier decisión del Parlamento o de la Generalitat e incluso está sometiendo a controles a empresas contratadas por el ejecutivo catalán.
Por su parte, el socio soberanista de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) se prepara para desobedecer y luchar el referéndum en la calle y presiona a Puigdemont para fijar de manera urgente la fecha y la pregunta de la consulta.
Oriol Puig, Barcelona.
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