Marchan por el centro de San José hacia la Asamblea Legislativa en defensa de la educación pública y el presupuesto constitucional del 8 % del PIB, que con los recortes para el próximo año apenas alcanzará un 4,4 %.
Dos medidas cautelares de la sala constitucional mantienen detenido el debate para la aprobación del presupuesto 2027 que, con los recortes por más de 35 millones de dólares, obliga al no pago de salarios y el cierre de sedes regionales en las universidades públicas.
A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las consultas que se le hicieron. La lucha en las calles continuará hasta finales de este mes, que es la fecha plazo para aprobar el presupuesto que se pretende para el año 2027, con recortes que hacen de este el más bajo en materia de educación en los últimos 40 años.
Mauricio Inostroza, San José.
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