La mayor región de Bolivia, Santa Cruz, se paralizará este viernes, 30 de diciembre, por una huelga de 24 horas, convocada por la oposición, para exigir la liberación del gobernador, Luis Fernando Camacho, detenido y trasladado a La Paz, por una serie de acusaciones que incluyen la implicación en el golpe de Estado de 2019.
“Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 00:00 del día viernes 30 de diciembre de 2022 exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento”, indica un documento de resolución leído por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
El aludido comité acusó al Gobierno del presidente Luis Arce de “provocar confrontación y caos para militarizar la región”.
Además, respaldó la decisión de los comités cívicos provinciales de bloquear las carreteras locales e internacionales para evitar “próximos secuestros de cualquier ciudadano, dirigentes o autoridades departamentales”, como dice que ocurrió con Camacho.
En tanto, el bloque opositor Creemos pidió en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares al gobernador de Santa Cruz, que desde el 28 de diciembre está en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.
En recientes declaraciones el portavoz presidencial, Jorge Richter, alertó que la oposición intenta acabar con el Gobierno de Arce y, señalando en particular a los cruceños, dijo que estos hablan de diálogo, pero lo que en realidad buscan es la impunidad para los responsables del golpe de Estado y las muertes de 2019.
¿Qué ha hecho el opositor Camacho?
El gobernador de Santa Cruz es el actor político más importante de la extrema derecha de Bolivia. Según el Gobierno de Arce, ha propalado un discurso de odio en la volátil región que es principal bastión de la derecha y, es más, tiene ideas secesionistas.
Aun con todo, su reciente detención no tiene que ver con tales acusaciones, sino, tal como aclaró la Justicia boliviana, ha sido detenido por el caso ‘Golpe I’. De hecho, han emitido una orden de aprehensión preventiva para que declare en el proceso en su contra por crímenes de lesa humanidad durante los sucesos posgolpe en 2019.
El mismo jueves, la Fiscalía General boliviana pidió seis meses de prisión preventiva para el líder opositor, bajo la acusación de cometer delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
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