Síntesis: Capítulos sangrientos en Colombia

Casi cuatro años después de la firma del acuerdo de paz , Colombia sigue viviendo una violencia tremenda.

Cada día, el país se despierta con la noticia del asesinato de una persona indígena o un afrodescendiente, con una nueva amenaza a los defensores de los derechos humanos y a los líderes sociales, o con la violación de niñas y mujeres incluso por los oficiales del Ejército de Colombia.

La guerra en Colombia ha dejado más de 262 mil muertos: casi la misma población que habita el área urbana de Sincelejo (Sucre).

En agosto de 2019, un grupo de excombatientes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) retomó las armas. El disidente Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, anunció que retoma la lucha armada ante la traición del Estado colombiano al acuerdo de paz firmado en La Habana.

La agrupación denuncia el continuo asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros, y ha apuntado su dedo acusador contra el Ejecutivo de Iván Duque por modificar unilateralmente el texto del acuerdo de paz, hacer montajes judiciales y promover la inseguridad jurídica de los excombatientes, como algunas de las causas para la vuelta a la lucha armada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enciende las alarmas por la violencia en Colombia y denuncia el incremento de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Los ha catalogado como un “ataque a la democracia”.

No obstante, el Gobierno de Bogotá hace oídos sordos y mira para otro lado. Mientras el presidente alega que detrás de los asesinatos están el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y los grupos armados organizados, los expertos en el tema consideran que la insuficiencia de las políticas emprendidas por el Gobierno de Iván Duque son un factor determinante.

De acuerdo con el análisis del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, la implementación del acuerdo de paz solo avanzó un 6 por ciento durante la Administración de Duque, lo cual es menor que en años anteriores.

El informe concluye que el proceso de implementación está entrando en una nueva fase territorial en la que se debe construir sobre los logros anteriores y transformar las zonas más afectadas por la violencia; un gran reto necesario para la construcción de una paz estable y duradera.

Tras el inicio del brote de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un alto el fuego unilateral y expresó su disposición de volver a la mesa de diálogo con el Gobierno, liderado por un presidente que desde el principio se oponía a conversar con las guerrillas.

En las últimas semanas, grupos políticos y hasta la Iglesia católica exigen que se retome el proceso de paz. El jefe del equipo negociador del ELN, Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, pidió a Duque que responda a las demandas para un alto el fuego bilateral a fin de facilitar la lucha contra la COVID-19 que ha sacudido al país.

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