Así se pronunció el jueves la Sala Constitucional del TSJ sobre el decreto del Ejecutivo Nacional emitido el 14 de enero y que recibió el rechazo de la Asamblea Nacional (AN) que no cumplió con los pasos previstos para debatir la propuesta.
El decreto, que durará 60 días para facilitar la adopción de medidas que subsanen la coyuntura que atraviesa la economía nacional, "entró en vigencia desde que fue dictado (el pasado 14 de enero) y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume", conforme con lo establecido en la Constitución venezolana, refiere una ponencia de la dicha sala.
Hasta el momento el Parlamento venezolano, con mayoría absoluta, no solo ha intentado provocar la renuncia del dignatario, sino que también se ha opuesto a las medidas del Ejecutivo.
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