El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, ha suspendido la sesión de este martes y la ha convocado para mañana, miércoles, después de que así lo solicitaran, en dos ocasiones, los diputados.
Se suspendió la sesión porque no hubo quórum, convocamos para las 10 de la mañana. No hubo presencia ni de la bancada de la oposición ni la bancada del gobierno", ha declarado a periodistas el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup.
"Se suspendió la sesión porque no hubo quórum, convocamos para las 10 de la mañana. No hubo presencia ni de la bancada de la oposición ni la bancada del gobierno", ha declarado a periodistas Ramos Allup.
El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela había informado de la nulidad de las actuaciones del Parlamento venezolano, causada por la juramentación de tres diputados impugnados por esta corte, pese a que el TSJ había suspendido la proclamación de tres diputados opositores elegidos por el estado de Amazonas (sur) en los comicios legislativos del 6 de diciembre.
Para esta sesión ya suspendida, la bancada oficialista tenía previsto presentar un "decreto de emergencia económica", mientras la mayoría opositora tenía planeado presentar la Ley de Amnistía para poner en libertad a los presos políticos entre ellos, el líder opositor Leopoldo López.
Mientras se cancelaba la sesión en el Parlamento, los diputados de la bancada de la patria en Venezuela han presentado en conferencia de prensa unas nuevas pruebas sobre los delitos electorales cometidos en el estado de Amazonas durante las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Durante la conferencia de prensa, el diputado por el Gran Polo Patriótico (GPP) Héctor Rodríguez ha mostrado un video en el que se revelan los sobornos que pagaban los candidatos opositores para sumar la mayoría de los votos a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El material involucra a la secretaria de Gobierno de Amazonas, Victoria Franchi, y al Gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, en un caso de compra y tráfico de votos, que a juicio de Rodríguez, ponen en duda el proceso electoral en el sureño estado.
“La bancada adeco-burguesa de la oposición venezolana quiere legitimar un delito electoral, que no puede ser (...) están obligados a acatar las decisiones del TSJ porque, de no hacerlo, entran en un desacato y desconocimiento a un poder constituido; aunque ese siempre ha sido el comportamiento histórico de ellos", ha señalado Rodríguez.
La oposición venezolana un día antes había insistido en que pese al fallo de la Justicia, que declaró nulas las acciones del Parlamento por mantener a los diputados impugnados, todos sus 112 diputados seguirán trabajando.
La unidad MUD, tras la sentencia de impugnación del máximo tribunal, de sus 112 escaños de un total de 167 que obtuvo en las elecciones parlamentarias, quedó con 109, perdiendo la categoría de amplia mayoría calificada en la AN.
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