• Un manifestante golpeado por la Policía italiana durante la cumbre de Grupo de los Ochos (G8) en 2011en Génova, Italia.
Publicada: miércoles, 8 de abril de 2015 0:37

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictamina que Italia violó las leyes contra la tortura cuando los líderes del Grupo de los Ochos (G8) se reunieron en Génova (noroeste de Italia) en 2001.

El tribunal, con sede en Estrasburgo (Francia), también ha solicitado una indemnización por un manifestante, Arnaldo Cestaro, quien fue brutalmente golpeado por la Policía italiana.

Además ha sido considerado Cestaro sufrió la tortura y los tratos inhumanos tras el asalto a una escuela donde dormía con miembros del movimiento antiglobalización “Foro Social de Génova".

Cestaro tenía 62 años, cuando la Policía lo golpeó en la cabeza, las piernas y los brazos con porras, lo que le causó lesiones graves. Estrasburgo ha dictaminado que debe recibir 45,000 de euros por daños y perjuicios, clasificados por la Unión Europea (UE) como la tortura.

Los enfrentamientos entre los manifestantes antiglobalización y la Policía italiana durante la reunión del G8 en Génova resultó en la muerte de una persona y cientos de heridos, lo que provocó acusaciones de brutalidad policial y la posterior investigación judicial de los hechos.

Después de tres años de investigación, la Corte ha señalado que 28 oficiales han sido acusados ​​por la violencia utilizada durante la cumbre, doce de los cuales fueron condenados a entre dos y cuatro años de prisión.

Sin embargo, se ha informado que los responsables directos del ataque a Cestaro no pudieron ser identificados. Además, la situación de las limitaciones ha escapado a la cárcel nueve oficiales acusados ​​de promover lesiones graves.

Por otra parte, Estrasburgo se ha quejado de que el derecho penal italiano no reacciona adecuadamente y dejar de jugar en la promoción de las sanciones contra la tortura o prevenir hechos similares en el futuro.

Por lo tanto, ha proclamado que Italia debe demostrar que tiene medios suficientes para imponer sanciones sobre la tortura y otros actos que violen los derechos humanos.

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