Rosselló firmó la tarde del viernes el Proyecto del Senado 51, convirtiéndolo en la Ley 7 de 2017 para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico. Dicha ley establece que el plebiscito de estatus se celebrará el próximo 11 de junio, cuando que se escogerá entre la estadidad y la libre asociación o la independencia.
De ganar la segunda opción, se realizaría un referéndum el 8 de octubre para “escoger entre la independencia o la libre asociación”. Si es la estadidad la ganadora, la ley dispone que se comience de inmediato un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos “en igualdad de derechos y deberes con los demás estados”.
El rechazo electoral mayoritario de los ciudadanos de Puerto Rico a la centenaria condición territorial y colonial es un asunto localmente resuelto de manera contundente en el plebiscito de 2012. El colonialismo no es una opción para Puerto Rico bajo ninguna interpretación o modalidad jurídica de la ‘cláusula territorial’ de la Constitución federal", expresó el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
"El rechazo electoral mayoritario de los ciudadanos de Puerto Rico a la centenaria condición territorial y colonial es un asunto localmente resuelto de manera contundente en el plebiscito de 2012. El colonialismo no es una opción para Puerto Rico bajo ninguna interpretación o modalidad jurídica de la ‘cláusula territorial’ de la Constitución federal", expresó Rosselló.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que “esta medida es el instrumento para resolver la condición territorial y colonial de manera final, permanente y con una alternativa de estatus político no colonial y no territorial”.
La legislación afirma que será el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, quien estará a cargo de tramitar la transferencia de la asignación federal a la Comisión Estatal de Elecciones.
Además, fija hasta el 16 de abril de 2017 la fecha en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene para expresarse sobre las definiciones de estatus contempladas para la consulta o de lo contrario el silencio se entendería como un aval.
De lograrse una respuesta afirmativa de Justicia federal para esta consulta de estatus, esta sería la primera ocasión que un Gobierno de Puerto Rico cuente con un respaldo para solucionar la centenaria cuestión luego de que en el 1952 se acordara una relación territorial bajo la creación del Estado Libre Asociado (ELA).
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