Tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el exmandatario ahora enfrenta acusaciones por presunta rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
En respuesta, la defensa legal de Castillo ha argumentado la invalidez de los cargos, sosteniendo que “los hechos imputados no constituyen delitos típicos”.
Mientras tanto, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una compensación civil de más de 18 millones de dólares por parte de Castillo Terrones y sus coacusados, entre los que se encuentran su expremier Aníbal Torres y otros de sus exministros como Betssy Chávez, Willy Huerta, entre otros.
El expresidente Pedro Castillo podría enfrentar una sentencia de más de 30 años de prisión. El Ministerio Público ha fijado la fecha de su próxima audiencia preliminar de control de acusación respecto al fallido golpe de Estado, marcando así un paso importante en la fase intermedia del proceso penal contra el exjefe de Estado.
En esta etapa, se llevará a cabo una revisión de la acusación fiscal y se resolverán las observaciones y solicitudes de las partes involucradas para determinar si el caso cumple con los requisitos para pasar a la etapa de juicio oral.
Luego intentar disolver el Congreso, el presidente Pedro Castillo fue destituido y posteriormente arrestado, en una acción que no contó con el respaldo ni de las fuerzas militares ni de la policía.
Tanto la defensa legal del expresidente Castillo como el mismo acusado sostienen que ninguno de los delitos imputados ha tenido lugar, a pesar de la insistencia de la Fiscalía en lo contrario.
En un giro inesperado durante el proceso judicial por el golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo, se vio sin representación legal luego de la renuncia de su abogado, Eduardo Pachas.
Aarón Rodríguez; Lima.
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