Aunque el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo fortalecer los derechos relacionados con el acceso a la información y justicia ambiental, la participación ciudadana y la protección de los defensores ambientales, en casi cuatro años, el Congreso no lo ha llevado ante el Pleno y este 2022, nuevamente la Junta de Portavoces decidió no exonerar de dictamen de comisión al proyecto de resolución legislativa que proponía aprobar dicho tratado internacional.
De acuerdo a la organización internacional Global Witness, las amenazas a los defensores ambientales, así como sus asesinatos, se han incrementado desde 2020. Y aunque el acuerdo de Escazú es necesario para contrarrestar esta problemática, el tratado no figura en los planes del Congreso.
En medio de un gobierno que sobrevive a los ataques de oposición, se espera que el presidente Pedro Castillo, cumpla sus compromisos ambientales en conjunto con el Legislativo, pues el pueblo peruano exige más leyes para contrarrestar el cambio climático y proteger a los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú entró en vigor en 2021 luego de que al menos 11 países latinoamericanos lo ratificaran. De esta manera se convirtió en el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, siendo el único en su tipo a nivel mundial en velar por la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Aarón Rodríguez; Lima.
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