El 43° Juzgado Penal de la capitalina Lima determinó el martes que la acusación contra la primera dama peruana “se trata de hechos ya decididos” en 2009 y archivado en 2011 por lo que considera que iniciar una investigación vulneraría la ley.
La Fiscalía acusó a Heredia de no haber justificado ingresos por unos 215.000 dólares entre 2005 y 2009, lapso en el cual Humala recibió financiamiento de empresas venezolanas, aunque el propio gobernante ha descartado cualquier ilegalidad en ello.
El fiscal Ricardo Rojas cree necesario establecer “la procedencia y destino de los ingresos” de esos fondos venezolanos tras haber descubiertos que 87.000 dólares fueron transferidos desde la empresa venezolana Kaysamak a las cuentas de una amiga y de la madre de Heredia, que luego se traspasaron a la cuenta de la esposa del mandatario.
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