Mientras en Panamá algunos reclaman la legalización de los terrenos que vienen habitando desde hace más de diez años, otros denuncian la ferocidad de un modelo que se beneficia de su necesidad de acceder a una vivienda.
Este 15 de febrero, comunidades de la región de Panamá Norte y la provincia de Panamá Oeste marcharon a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en la capital del país para exigir el respeto a su derecho humano a una vivienda digna y en rechazo a los desalojos violentos de los que han sido víctimas otros asentamientos durante la actual administración.
En el caso de la comunidad de La Espinosa de la Chorrera, los residentes fueron desalojados tras tomarse las casas de un proyecto habitacional, al sentirse estafados por más de mil dólares luego de separar una vivienda que hace cinco años no les fue entregada.
Tras presentar formalmente su reclamo ante las autoridades, ambas comunidades esperan evitar desalojos promovidos por jueces de paz sin permitir la notificación previa de que las personas están siendo objeto de un proceso legal.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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