El Gobierno panameño ha presentado este jueves al Congreso un proyecto de ley para imponer medidas arancelarias, tributarias y migratorias a los Estados que pongan en peligro los intereses económicos o comerciales de Panamá.
Una vez aprobada la propuesta, el Gobierno estará autorizado a aplicar restricciones migratorias y laborales a esos países y aumentar los impuestos por remesas y los aranceles a sus productos.
Sin embargo, las medidas no son automáticas, sino que se aplicarán en función del daño a los intereses panameños”, ha aclarado el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
“Sin embargo, las medidas no son automáticas, sino que se aplicarán en función del daño a los intereses panameños”, ha aclarado el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
La decisión se adopta luego de que Francia volviera a poner a Panamá en una lista de paraísos fiscales.
“Los intereses de Panamá están por encima de todo y se defenderán sin lugar a dudas. Mediante este proyecto se amplía el abanico de opciones de sanciones para los países que nos discriminen”, ha apostillado el ministro de Comercio panameño, Augusto Arosemena.
También este jueves, el Gobierno panameño ha aceptado la renuncia de expertos internacionales convocados para la comisión revisora del sistema financiero y su plataforma de servicios internacionales, instalada tras la publicación de los papeles de Panamá.
Panamá ha sido señalado en múltiples ocasiones como paraíso fiscal, en especial tras la publicación en abril de los mencionados documentos, que revelaron la vinculación de numerosas personalidades de ámbitos políticos, culturales y deportivos a sociedades opacas, en particular a través de una firma panameña de abogados que creaba sociedades deslocalizadas para personalidades de todo el mundo, presuntamente para evadir impuestos.
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