Las víctimas, conocidas como las ‘Mujeres de Atenco’, dieron el jueves sus testimonios de hechos ocurridos hace diez años a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sede del organismo en San José, Costa Rica.
Dijeron que fueron objeto de agresiones físicas y sexuales por parte de unos agentes de seguridad que las detuvieron arbitrariamente en el marco de una protesta en 2006 en la región de San Salvador de Atenco, cerca de la capital mexicana.
“Hemos venido a alzar la voz. No nos hicieron justicia en México”, relató María Cristina Sánchez, una empresaria de 50 años que fue golpeada y agredida por los policías.
La Policía arrestó a estas 11 mujeres bajo la excusa de obstaculizar la vía pública. Algunas de ellas fueron encarceladas por más de dos años en espera de juicio.
Esta represión policial se produjo entre los días 3 y 4 de mayo de 2006 en medio de un operativo, ordenado por el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, actual presidente del país norteamericano, para poner fin a una ola de manifestaciones, orquestadas por la construcción de un aeropuerto en la capitalina Ciudad de México.
Hemos venido a alzar la voz. No nos hicieron justicia en México”, relató María Cristina Sánchez, una de las mujeres agredidas por los policías.
Curiosamente, tanto el Gobierno como el mismo Peña Nieto reconocen la violencia policial durante esas manifestaciones que provocó la muerte de dos ciudadanos, uno de ellos un menor de edad.
“No olvidamos que el Estado es el responsable. Es su obligación investigar y sancionar. No pedimos nada extraordinario, queremos la verdad y la justicia”, insistió otra víctima, Norma Jiménez, de 33 años, quien pidió las investigaciones para que “no vuelvan a repetirse” este tipo de sucesos.
El organismo internacional ha dado plazo hasta el viernes para recibir los alegatos de las dos partes en la audiencia, si bien la sentencia final del caso podría tardar meses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó en 2015 que las once mujeres sufrieron tortura y envió el caso a dicha corte, debido a que el Estado mexicano “no cumplió su obligación de esclarecer y sancionar los hechos”.
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