El proyecto de Ley de Seguridad Interior, que se discute en el Congreso, busca dar un marco legal a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, que comenzó a finales de 2006 con el Gobierno de Felipe Calderón. Aunque las cifras oficiales indican que la ola de violencia que sacude México ha dejado al menos 177 mil muertos en la última década, no se ha especificado cuántos casos están relacionados con el crimen organizado.
En una conferencia de prensa, representantes de Amnistía Internacional (AI), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de México Unido Contra la Delincuencia, entre otras organizaciones, advirtieron el martes sobre las consecuencias de la ley, de aprobarse.
Parecería que los generales quieren que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la fiscalía general o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas”, afirmó la politóloga y escritora Denise Dresser.
La politóloga y escritora Denise Dresser indicó que el propósito de la iniciativa, que definió como un "autogolpe de Estado", es finalmente permitir que los militares hagan uso de la fuerza inconstitucionalmente y podría acabar protegiendo a militares que violen los derechos humanos.
“Parecería que los generales quieren que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la fiscalía general o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas”, afirmó.
Los activistas también expresaron su preocupación por los métodos de las Fuerzas Armadas, sobretodo después de que hace unos días unos militares abatieran al cabecilla de un cártel junto a otros siete presuntos delincuentes abriendo fuego desde un helicóptero en una zona residencial de la ciudad de Tepic (noroeste).
Alejandro Madrazo, coordinador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, cuestionó la versión ofrecida por la Marina de México sobre el incidente, según la cual todos los involucrados eran sicarios, e indicó que no hay un mecanismo para corroborar si las cosas sucedieron como afirman las autoridades.
"¿Cómo debemos tomarle la palabra, cuando dice que es proporcional el uso de helicópteros artillados en zonas residenciales, de noche, en contra de la población civil?”, se preguntó Madrazo, que además consideró que las iniciativas propuestas por los legisladores para la Ley de Seguridad Interior son de “enorme deficiencia técnica y dudosa constitucionalidad”.
Advirtió además Madrazo de que los congresistas parecen no estar tomando en cuenta la multiplicidad de estudios realizados en la última década por diversos órganos nacionales e internacionales, que encienden fuertes señales de alarma sobre la militarización de la lucha contra el crimen en México.
snr/mla/alg/hnb
