La medida fue solicitada por el presidente François Hollande, en el marco de un proyecto de reformas constitucionales presentado tras los atentados de noviembre de 2015 en París, capital gala.
La enmienda contempla la extensión de “la retirada de la nacionalidad francesa o de los derechos inherentes a la misma a los condenados por un crimen o un delito que constituya un atentado grave a la vida de la nación”.
La enmienda, aprobada por la Asamblea Nacional de Francia, contempla la extensión de “la retirada de la nacionalidad francesa o de los derechos inherentes a la misma a los condenados por un crimen o un delito que constituya un atentado grave a la vida de la nación”.
La reforma, sin embargo, ha sido muy criticada por sectores sociales, especialmente por la izquierda del país.
Los diputados también votaron a favor de la inclusión en la Constitución del estado de emergencia, aunque muchos ciudadanos consideran que contraviene los valores de libertad de la República.
Diputados ecologistas, de izquierda radical y otros de derecha protestaron contra esta reforma que otorga poderes ampliados al Ejecutivo.
Después de los atentados terroristas del 13 de noviembre de París, que causaron la muerte de 130 personas, el presidente francés, Francois Hollande, declaró en ese mismo día el estado de emergencia, rechazado por la sociedad francesa.
Las organizaciones ciudadanas, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ONS acusan al Gobierno de querer acallar las voces de protesta que llegan desde la sociedad, de querer amordazar la voz popular contra una política que ha sumido al país en la crisis.
El Consejo de Europa denunció el miércoles que el estado de emergencia impuesto en Francia se ha traducido en “abusos” por parte de la policía francesa.
“En particular, intervenciones violentas basadas en informaciones incorrectas han causado un gran sufrimiento moral y daños materiales importantes a personas que no tienen ningún vínculo con el terrorismo”, señaló el organismo.
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