“La pena de muerte de este estado ya no concuerda con los estándares contemporáneos de decencia, ni sirve ya ningún propósito legítimo de criminología penal”, ha escrito el juez Richard Palmer en la exposición de motivos del Tribunal.
La pena de muerte de este estado ya no concuerda con los estándares contemporáneos de decencia, ni sirve ya ningún propósito legítimo de criminología penal, escribe el juez estadounidense Richard Palmer sobre la prohibición de la pena capital en Connecticut (noreste de EE.UU.).
El veredicto se decidió con gran división, ya que de los siete integrantes, 3 se manifestaron contra el abandono de la pena capital, frente a la mayoría de 4 jueces que consideró que Connecticut ha sido incapaz de “aplicar y administrar un sistema justo y funcional de pena capital”.
Los cuatro jueces citan, en su explicación, a sociólogos que han expuesto repetidamente cómo la pena de muerte se aplica de modo tendencioso contra las minorías étnicas, por lo cual debe ser considerada inconstitucional.
“Se ha puesto de manifiesto que los requisitos constitucionales duales del estado aplicables a todos los regímenes de pena capital (…) abren la puerta de modo inevitable a sesgos raciales y étnicos inadmisibles”, añade Palmer en su redacción.
Se ha puesto de manifiesto que los requisitos constitucionales duales del estado aplicables a todos los regímenes de pena capital (…) abren la puerta de modo inevitable a sesgos raciales y étnicos inadmisibles", añade Palmer.
Uno de los tres magistrados disidentes, el juez jefe Chase Rogers, tachó “todos los pasos” del razonamiento de la mayoría de “fundamentalmente defectuosos”, y considera que “los legisladores, que representan al pueblo del estado y son el mejor indicador de las convenciones sociales contemporáneas, mantuvieron de manera expresa la pena de muerte” hasta 2012.
El estado de Connecticut decidió en 2012 abolir la pena de muerte, pero lo hizo de modo prospectivo y no retroactivo, por lo que las personas que habían sido condenadas anteriormente habrían sido ejecutadas sin el nuevo veredicto del Tribunal Supremo del estado.
Los legisladores, que representan al pueblo del estado y son el mejor indicador de las convenciones sociales contemporáneas, mantuvieron de manera expresa la pena de muerte, considera el juez disidente Chase Rogers.
Desde 2007, siete estados de EE.UU. han abandonado la pena capital, siendo el último de ellos Nebraska, en el mes de mayo. Connecticut sólo ha aplicado la pena en una ocasión desde 1960, al asesino en serie Michael Ross, ejecutado en 2005.
En total, 32 estados de los 50 que componen el país han abolido la pena, y aun entre estos hay algunos que han dejado de aplicarla. El estado que más aplicó la pena de muerte el año pasado fue el meridional Texas, que esta misma semana ha ejecutado a un joven hispano por atropellar a un policía.
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