Los abogados del estado, mayoritariamente demócratas, interpusieron el miércoles una demanda ante la corte federal de Honolulu, la capital de Hawái, para impedir la aplicación de la nueva orden migratoria del presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump. En la demanda afirman que la orden afectaría a la población musulmana del estado, al turismo y a los estudiantes extranjeros.
“No se trata de que los malos chicos entren al país, sino que se trata de política. Lo que ha hecho el presidente está dramáticamente fuera de lugar respecto a las tradiciones y las leyes de este país”, dijo a la cadena CNN Neal Katyal, el abogado que encabeza el recurso.
No se trata de que los malos chicos entren al país, sino que se trata de política. Lo que ha hecho el presidente está dramáticamente fuera de lugar respecto a las tradiciones y las leyes de este país”, señaló Neal Katyal, el abogado que encabeza el recurso.
Después de que la Justicia estadounidense frenara el primer veto migratorio de Trump, que prohibía la entrada al país norteamericano a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Yemen, Sudán, Libia, Siria, Somalia, Irak e Irán), el mandatario emitió el pasado lunes una nueva orden ejecutiva con el objetivo de vetar durante 90 días el viaje a Estados Unidos de personas de los mismos países, pero esta vez excluyendo a Irak.
Los estados del país estadounidense no están del todo contentos con el decreto del dignatario republicano, pero es el estado natal del expresidente Barack Obama el primero en mostrar su intención de frenarlo, considerando que sigue siendo discriminatorio.
Según el secretario de Justicia de Hawái, Douglas Chin, Hawái nunca ha discriminado, ni en su historia ni en su constitución. “El 20 % de la población nació en el extranjero, 100.000 no son ciudadanos (estadounidenses) y el 20 % de la fuerza laboral es extranjera”, precisó.
Hawái interpuso ya una demanda contra la primera orden ejecutiva sobre inmigración de Trump, argumentando que era inconstitucional y que tendría un efecto negativo en su población, economía y universidades, si bien las demandas que lograron bloquear ese veto fueron las presentadas por los estados de Washington y Minnesota.
Según apuntó Peter Lavalee, portavoz del ministro de justicia del estado de Washington, aunque Hawái fue el primer estado en denunciar la norma revisada, la orden de paralización sigue vigente y podría aplicarse también a este nuevo documento.
“Nos encantaría que el presidente firmara una orden que proteja nuestras fronteras, que proteja nuestra seguridad nacional de una forma que no discrimine a las personas por su nacionalidad, origen o religión. Esto es inconstitucional”, advirtió el secretario de Justicia de Hawái.
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