Economía
¿En qué país preocupa más la corrupción?
España ya es el segundo país donde más preocupa la corrupción tras Moldavia, entre los estudiados en una encuesta en 42 naciones de Europa y Asia Central.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha presentado este miércoles el resultado del último Barómetro Global de la Corrupción 2016, basado en sondeos hechos entre noviembre de 2015 y julio de 2016 —y, concretamente en España, entre diciembre del año pasado y enero de éste, entre más de 60.000 personas—.
El estudio muestra que dos de cada tres españoles está preocupado por la corrupción y el 80 % piensa que la actuación del Gobierno frente a ella es ‘mala o muy mala’.
Dos de cada tres españoles está preocupado por la corrupción y el 80 % piensa que la actuación del Gobierno frente a ella es mala o muy mala, muestra el resultado del último Barómetro Global de la Corrupción 2016.
Esta "radiografía de la corrupción" señala, ha observado Lizcano, que la misma es percibida en España como un "problema muy importante", ya que es el segundo país tras Moldavia más preocupado por el asunto. Ello genera la "desconfianza de los ciudadanos" y un alejamiento de su clase política, ha resaltado.
A diferencia de la mayoría del resto de países encuestados, los españoles perciben corrupción en la clase política, pero no consideran "contaminados" a los funcionarios del Estado.
El 32 % de los encuestados cree que la mayor parte los miembros de la Presidencia del Gobierno están envueltos en corrupción, frente a un 29 % que tiene esa percepción de los miembros del Parlamento y el 26 % de los directivos de las empresas.
El 47 % cree además que la corrupción ha crecido en el último año, a pesar de las medidas implementadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para combatirla.
El 35 % opina que los ciudadanos no denuncian la corrupción cuando son conscientes de ella por miedo a represalias, a pesar de que el 32 % dice que informar sobre estos casos es el mejor método para que no ocurran.
El 88 % concluye que las personas con más poder adquisitivo e influencia usan esta a menudo sobre los gobernantes para beneficiar sus propios intereses, por lo que deberían establecerse reglas más estrictas para evitarlo.
El 80 % está de acuerdo con que debería prohibirse por completo el apoyo financiero de las empresas a partidos o candidatos políticos.
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