El Gobierno buscará ampliar la oferta de crédito hasta en 83.000 millones de reales (unos $ 20.393 millones al cambio actual) para favorecer los sectores agrícola, habitacional, de infraestructura y a las pequeñas y medianas empresas.
Hicimos en 2015 un ajuste fiscal de dimensión inédita en toda nuestra historia. Cortamos gastos discrecionales, gastos obligatorios, revimos exoneraciones (tributarias) y tarifas. Sabemos que aun hay mucho que hacer", declaró la mandataria brasileña, Dilma Rousseff.
Las nuevas líneas de crédito -a través de bancos públicos y otros mecanismos previstos por ley- se abrirán "utilizando mejor los recursos que ya existen", por lo que no generará gastos extra a las arcas del Estado, afirmó el ministro brasileño de Hacienda, Nelson Barbosa.
La economía brasileña enfrenta una profunda recesión desde 2015, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 3,1% según estimaciones del Gobierno, la inflación superó el 10% y el desempleo se ubicó en 6,8%, con 1,5 millones de personas que quedaron sin trabajo.
Brasil terminó 2015 con un abultado déficit fiscal, que según el Gobierno podría llegar hasta 2% del PIB. Ante este panorama, que proyecta extenderse en 2016, la administración de Dilma Rousseff empeñó el primer año de su segundo mandato en llevar adelante un ajuste fiscal para reordenar las cuentas públicas.
Brasil tiene por delante el "desafío del equilibrio fiscal", afirmó Rousseff ante un grupo de cien empresarios, líderes sindicales y representantes de la sociedad civil integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, foro convocado por el Ejecutivo para debatir el rumbo de las políticas de Gobierno.
"Hicimos en 2015 un ajuste fiscal de dimensión inédita en toda nuestra historia. Cortamos gastos discrecionales, gastos obligatorios, revimos exoneraciones (tributarias) y tarifas. Sabemos que aun hay mucho que hacer", añadió la mandataria.
Rousseff pidió a sus compatriotas unidad para apoyar reformas estructurales que permitan disminuir el gasto público, como la del sistema de previsión social -responsable del 40% del gasto primario-, cuya sustentabilidad a largo plazo se ve amenazada por el envejecimiento de la población.
Asimismo, se refirió a la restauración de un antiguo y polémico impuesto a las transacciones financieras, que fue derogado en 2007 y dijo que el Gobierno quiere reflotar para aumentar la recaudación.
Restituir la Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros (CPMF) es la "mejor solución disponible" frente a un momento "excepcional" que atraviesa Brasil, indicó.
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