La imputación solicitada por la fiscalía de Colombia se traduce en cargos y medida de aseguramiento contra la cúpula del ELN, y se debe a que esta guerrilla realiza ataques sistemáticos a la infraestructura petrolera del país sudamericano.
“(Se imputarán cargos contra la dirigencia de un grupo armado organizado por) conductas de competencia de la Corte Penal Internacional, consideradas como crímenes de guerra por el Estatuto Penal de Roma y por el Derecho Penal Internacional”, explicó el vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, al solicitar la imputación de cargos contra los dirigentes del ELN.
Perdomo detalló que la imputación está dirigida a los integrantes del Comando Central (Coce) de la guerrilla del ELN por sus ataques contra la infraestructura petrolera del país.
Según la Fiscalía, estos ataques han supuesto el derramamiento de al menos 3 596 332 barriles de petróleo, lo que se traduce en unas pérdidas aproximadas de al menos 65 billones de pesos colombianos y un daño medioambiental por valor de 73 billones de pesos.
El vicefiscal señaló que por primera vez se imputarán cargos contra la dirigencia de un grupo armado organizado por “conductas de competencia de la Corte Penal Internacional, consideradas como crímenes de guerra por el Estatuto Penal de Roma y por el Derecho Penal Internacional”.
Destacó, asimismo, que la naturaleza de estos crímenes corresponde a los delitos de actos de terrorismo, pues son ataques contra obras e instalaciones públicas que pueden afectar directamente a la población civil, utilizando métodos de guerra ilícitos, incluyendo la destrucción del medioambiente.
Tras el comienzo de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que darán fruto en los días venideros, la guerrilla del ELN inició una ronda de diálogos para acabar también con su lucha armada contra el Estado.
A tal fin, el ELN, segundo grupo guerrillero de Colombia con 1500 combatientes, ha anunciado recientemente que establecerá un alto el fuego bilateral con el Gobierno para crear un "clima favorable" para las conversaciones.
No obstante, el Gobierno de Colombia ha advertido de que no habrá negociaciones de paz con el ELN hasta que libere a todas las personas que tiene secuestradas, y ahora se suma la reciente imputación anunciada por el Gobierno.
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