El procurador del Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, durante la primera audiencia de la fase final del proceso de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, detalló ante el Senado las prácticas ilegales que supuestamente cometió la mandataria.
Oliveira dijo que se comprobó "el uso de los bancos públicos como fuentes de recursos para financiar programas sociales del Gobierno", lo cual está vedado por la ley. Según una investigación llevada a cabo se constató que, desde 2014, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a los más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Hubo una evidente falta de probidad en el manejo de los recursos públicos y también un gran fraude fiscal, (...), en conclusión, la mandataria sabía que violaba las leyes fiscales”, declaró el procurador del Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, ante el Senado brasileño.
Para el fiscal, esas prácticas y las demoras en los depósitos en la banca pública le causaron al Estado un detrimento calculado en unos 6000 millones de reales (1875 millones de dólares) en 2015, solamente por concepto de intereses. Así mismo, explicó que los presupuestos pueden ser alterados mediante decretos con la venia del Congreso, lo que no sucedió según los casos en los que se basa la acusación.
Aunque el fiscal aclaró que "no son actos de tipo penal", explicó que sí violan diversos aspectos de la Constitución y de la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, que controla el uso del dinero público. Oliveira agregó que durante la gestión de Rousseff "hubo una evidente falta de probidad en el manejo de los recursos públicos y también un gran fraude fiscal, cometido a pesar de que el Gobierno había sido advertido sobre esos asuntos, en conclusión, la mandataria sabía que violaba las leyes fiscales”, expresó.
La última fase del juicio que comenzó el jueves se extenderá por cuatro o cinco días, durante los cuales declararán los últimos testigos de la acusación y la defensa. El lunes 29, Rousseff, quien asumirá personalmente su defensa, presentará sus argumentos finales intentando convencer a los senadores de que es inocente y víctima de un "golpe parlamentario".
Rousseff necesita que una mayoría calificada del Senado vote a su favor, es decir, dos tercios del total de 81 senadores para conservar el cargo, de lo contrario si finalmente es destituida su vicepresidente, Michel Temer, gobernará hasta finales de 2018.
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