La nueva ley aprobada en el Parlamento ruso concede permiso a las autoridades del país para que impidan las labores de las Organizaciones No Gubernamentales (oenegés) extranjeras, si estas suponen una amenaza para el orden constitucional.
Según la polémica normativa, el Ministerio de Justicia de Rusia será responsable de clasificar las oenegés “indeseables” y las empresas que no respeten esta decisión podrán enfrentarse con multas económicas, trabajos forzados restricciones de movimiento y un máximo de seis años de presión.
La firma de esta ley ha provocado la ira de organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Observatorio de los Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) y Amnistia Internacional (AI).
Por su parte, Marie Harf, portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la medida adoptada por Moscú.
Las relaciones entre Rusia y el Occidente empeoraron desde el inicio de la crisis en Ucrania, en febrero de 2014, cuando fue derrocado el Gobierno del entonces presidente Víktor Yanukóvich.
Washington y la UE han impuesto varias rondas de sanciones económicas contra individuos, organizaciones, los sectores bancario, energético y de defensa de Rusia por la supuesta injerencia de Moscú en los asuntos de Ucrania, imputación que rechaza Rusia en los términos más enérgicos.
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