“En el basurero fueron ejecutados, fueron incinerados y posteriormente trasladados al río un número importante de (restos de los) estudiantes”, ha hecho público este lunes Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General.
En el basurero fueron ejecutados, fueron incinerados y posteriormente trasladados al río un número importante de (restos de los) estudiantes”, ha asegurado la Fiscalía mexicana.
El encargado ha defendido firmemente el pronunciamiento, ya que, a su juicio, los resultados de los estudios realizados por el organismo son contundentes.
Sus declaraciones se producen un día después de que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintiera que los jóvenes fueron cremados durante unas 16 horas en el basurero de Cocula, en la provincia sureña de Guerrero.
“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios”, ha asegurado tras seis meses de investigaciones porque sostiene que el fuego tendría que haber durado al menos 60 horas y habría requerido 30 toneladas de madera y 13 de neumáticos, de lo que no existe rastro científico en el lugar.
Esto ha generado una vez más duras críticas contra el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los padres de las víctimas han exigido reunirse con el mandatario para que explique las incoherencias.
“Hoy el teatro se les cayó. El informe de los expertos mostró que el gobierno mintió una vez más y que la supuesta verdad histórica es más bien una mentira histórica”, han señalado los familiares de los desaparecidos.
El presidente mexicano ordenó ayer incluir el informe de los expertos de CIDH en la investigación oficial y aseveró que su Gobierno analizaría todas las recomendaciones de este grupo.
El 30 de agosto, Amnistía Internacional (AI) anunció que unas 12.500 personas han sido desaparecidas en México durante el mandato de Peña Nieto y acusó al Gobierno de usar la desaparición forzada.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, reveló el 28 de agosto que el caso de los 43 normalistas ha visibilizado la presencia de desapariciones forzadas, sin embargo, “todavía no está en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente”.
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