(La iniciativa) quiere ser presentada como un simple trámite para facilitar el tráfico aduanal, pero es en realidad una vergonzosa prueba de la supeditación creciente del gobierno mexicano a los dictados del vecino del norte (...) Al parecer ahora Enrique Peña Nieto busca legalizar una violación de la ley que ha sido práctica recurrente y, a su vez, satisfacer una vieja petición de Estados Unidos”, critica el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Con 288 votos a favor, 82 en contra y 9 abstenciones, los diputados mexicanos aprobaron las reformas y adiciones a la citada ley, permitiendo el libre uso de armas por servidores públicos extranjeros de migración y aduanas, y de los agentes de seguridad en las visitas oficiales de jefes de Estado o de Gobierno y de ministros o equivalentes.
Sin embargo, según lo establecido, las armas utilizadas por esos agentes pueden ser revólveres o pistolas semiautomáticas cuyo calibre no sea mayor a 0.40 o equivalente, y no podrán sacarlas de los puntos aprobados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, indica que el permiso del porte de estas armas tiene una vigencia máxima de seis meses y puede ser cancelado en cualquier momento.
De acuerdo con lo establecido, la Sedena será el encargado de determinar el arma autorizada, la instalación en que será válida el porte y demás límites o restricciones aplicables.
Esta aprobación tiene lugar dos días después de que la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobara por mayoría en lo general el dictamen de la minuta que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Conforme a la minuta divulgada por el Senado mexicano, el objetivo de ese proyecto es “generar una nueva regulación que fortalezca procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el mundo”.
No obstante, esta ley ha recibido fuertes críticas de la oposición mexicana, en especial los legisladores izquierdistas, que la consideran una violación a la soberanía nacional de México y una modificación para complacer a Estados Unidos y legalizar que tengan gente armada en ese país.
El pasado febrero, Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara alta, consideró que la propuesta responde a los intereses de Estados Unidos.
“(La iniciativa) quiere ser presentada como un simple trámite para facilitar el tráfico aduanal, pero es en realidad una vergonzosa prueba de la supeditación creciente del gobierno mexicano a los dictados del vecino del norte (...) Al parecer ahora Enrique Peña Nieto busca legalizar una violación de la ley que ha sido práctica recurrente y, a su vez, satisfacer una vieja petición de Estados Unidos”, consideró Padierna en un comunicado.
Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, apuntó en febrero que “(se debe detallar) si se les va a permitir realizar actividades, por ejemplo, de investigación, actividades de inteligencia, actividades de contención, por ejemplo, si van a poder, si se les pretende generar permisos para actividades encubiertas”.
“Parecería que la solución de los problemas nacionales pasa por entregar la autoridad a Estados Unidos”, denunció.
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