El Gobierno nipón busca que la ley de seguridad que promueve sea sometida a votación en el Parlamento, pero los partidos opositores libran una batalla para retrasar el curso de la iniciativa en la Cámara de Consejeros, incluso han llegado a enfrentarse físicamente con miembros de la coalición gobernante.
El enfado en todas las esferas se debe a que el Gobierno japonés trata de ampliar el margen de actuación del país en cuestiones militares, con el apoyo de los partidos de la coalición gubernamental y su aliado Komeito, según ha informado la agencia japonesa de noticias Kiodo.
En paralelo, se ha desarrollado una manifestación frente a la sede del Órgano Legislativo, en una muestra más de la oposición de la población a la política militarista de Abe.
Este proyecto conflictivo pretende poner fin al veto de la "defensa propia colectiva" o a ayudar a un país amigo que esté siendo atacado y permitirá a Japón implicarse en operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o responder a contenciosos de baja intensidad como los conflictos de soberanía que mantiene Japón con países como China, Corea del Sur o Rusia.
No obstante, el propio Abe ha descartado intervenciones a mayor escala con envío de tropas para operaciones multilaterales como la guerra de Irak de 1990 a 1991 o la invasión de Irak de 2003.
Recientemente, los japoneses se han manifestado en las calles de la capitalina Tokio contra la polémica modificación de las leyes de seguridad nacional.
Una parte de la población está en contra de cualquier ley que permita entrar en combate a los militares nipones por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Desde la derrota de Japón en 1945 las tropas japonesas no han entrado en combate, pero los sucesivos gobiernos han ido desplazando a su conveniencia los límites impuestos por la Constitución primero para habilitar un Ejército y después para implicar a Japón en operaciones no bélicas en el extranjero.
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