Tanto el acuerdo de ATCI y como el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés) son iniciativas “ambiciosas” encaminadas a abrir los mercados entre la UE y Estados Unidos, y la UE y Canadá, para permitir un mayor flujo de bienes y servicios a través del oceáno Atlántico, han criticado los activistas mediante un comunicado.
"Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, campesinos, jóvenes, mujeres, movimientos indígenas y activistas de base de todo el mundo, exigimos la celebración del Día de Acción Global el 18 de abril de 2015 para acabar con acuerdos de libre comercio e inversión, y promover una economía que funcione para las personas y el planeta", han afirmado.
Los activistas también han instado a los visitantes de su página Web a unirse a los eventos de la campaña u organizar las suyas propias, a fin de ayudar a elevar la conciencia sobre las consecuencias peligrosas del comercio libre.
Mientras que los partidarios del acuerdo alegan que el CETA podría ser beneficioso para el crecimiento económico, sus detractores creen que los acuerdos de libre comercio impiden a los Estados europeos regular los mercados y socavan, en particular, el derecho de la UE a etiquetar alimentos transgénicos.
El 11 de octubre de 2014 fue la última vez que se celebró el Día de Acción contra ATCI y CETA, que según la organización Stop ATCI, tuvo un rotundo éxito, ya que “cientos de europeos asistieron a la manifestación y varios cientos de miles firmaron a favor del NO al TTIP”.
El ATCI pretende eliminar regulaciones que obstaculicen el comercio. Sus valedores prometen que incrementará el Producto Interior Bruto (PIB) del bloque europeo en 100 mil millones de euros, mientras que el de EE. UU. en 90 mil millones, y que creará 700 mil empleos en el territorio estadounidense.
Los que se oponen al mismo denuncian, sin embargo, que esas cifras son demasiado optimistas y también, como el diputado español José Luis Centella, que puede causar una invasión de empresas estadounidenses en su país que “devoren” a las empresas pequeñas y medianas locales, amén de deteriorar las condiciones laborales en Europa.
Aun así, una moción de rechazo al acuerdo planteada el 7 de mayo de 2014 en el Congreso español contó solo con el apoyo de la coalición Izquierda Unida (IU) que la había presentado, si bien nuevos partidos surgidos en las elecciones europeas posteriores se han manifestado en contra del proyecto.
“El TTIP, como sabemos, habilita a las empresas a demandar a los Estados que perjudiquen sus intereses”, explicó el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, antes de definir ese punto como “atentado central contra la soberanía y contra nuestra capacidad de guiarnos en materia económica según nos convenga”.
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