“Seguimos sin tener acceso a los documentos de estas negociaciones, principalmente los textos consolidados, que son cruciales para la ciudadanía europea”, denunció ayer miércoles el portavoz del partido español Equo en el Parlamento Europeo (PE), Florent Marcellesi.
“Están negociando sobre los servicios públicos europeos y el contenido concreto de las conversaciones sigue siendo secreto. No hay ningún control democrático sobre lo que están haciendo”, protesta Marcellesi.
Las condiciones recientemente establecidas para que los eurodiputados —solamente ellos— puedan acceder a la documentación de las negociaciones secretas les prohíben hacer declaraciones sobre el contenido de las mismas, so pena de sanciones administrativas e incluso de ser perseguidos por vía penal.
Además, los documentos a los que tienen acceso son sólo las propuestas “no consolidadas” de la UE, y no los acuerdos ya “consolidados” con la contraparte estadounidense, mucho más relevantes.
Por si esas limitaciones fueran pocas, los eurodiputados deben precisar qué documentos desean consultar y sólo podrán hacerlo durante dos horas, vigilados constantemente por un funcionario y sin tener ningún dispositivo electrónico o incluso bolígrafos, menos aún tomar copias de partes relevantes.
Las condiciones fueron comunicadas al diario electrónico español Público ayer miércoles por una eurodiputada de la coalición española Izquierda Unida, Marina Albiol, que lleva a cabo una campaña en contra del tratado.
Según las Consignas de Seguridad recibidas por Albiol, los eurodiputados deben firmar un compromiso solemne de confidencialidad y sólo podrán consultar los documentos en solitario.
Los tratados que negocian en secreto en estos momentos la UE y Estados Unidos son la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI, o TTIP en inglés), el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) y el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, en inglés).
El secretismo imperante sobre estas negociaciones contradice las pretensiones de transparencia del bloque comunitario y contrasta con las inmensas repercusiones posibles de los tratados sobre la vida cotidiana de los europeos y estadounidenses, así como sobre sus sistemas políticos.
Son especialmente polémicos los previstos mecanismos de arbitraje de conflictos entre Estados e inversores extranjeros (ISDS, por sus siglas en inglés), que podrían atar las manos de los Gobiernos presentes y futuros ante los intereses del gran capital transnacional, impidiéndoles proteger las condiciones de vida de su propia población bajo pena de multas de miles de millones de dólares.
Al tomar forma en los últimos meses un creciente movimiento popular de oposición y protesta contra estas negociaciones, las autoridades de Bruselas se habían comprometido a poner más información a disposición de sus ciudadanos, con los resultados que ahora se ven.
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