“Yo calculo que podemos estar hablando de unas 20.000 a 30.000 personas, si todas las estructuras (de FARC y ELN) entran a un proceso de paz, si todas las estructuras dejan las armas, los grupos, y pasan a una transición social, política y económica”, ha declarado este viernes Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), una entidad adscrita a la Presidencia colombiana.
Yo calculo que podemos estar hablando de unas 20.000 a 30.000 personas si todas las estructuras (de FARC y ELN) entran a un proceso de paz, si todas las estructuras dejan las armas, los grupos, y pasan a una transición social, política y económica", ha declarado Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
Según Mitrotti, Colombia ha demostrado su capacidad de “absorber un número mucho mayor de desmovilizados” con otros procesos, como la disolución en 2006 de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), gracias a la cual se desmovilizó a más de 30 mil hombres armados.
Además, ha aseverado que según las estadísticas oficiales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) posee “entre 6500 y 8500” miembros, mientras que la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tiene “entre 2000 y 4000” integrantes.
Mitrotti ha añadido que el resto del cálculo de desmovilizados corresponde a los grupos de apoyo a las guerrillas, que no necesariamente están armados.
En este contexto, el funcionario ha afirmado que uno de los grandes retos de la Agencia en materia de atención a los desmovilizados tiene que ver “con el componente psicológico, ya que el 90 por ciento de quienes vuelven a la sociedad civil, luego de dejar las armas, presenta afectaciones por haber estado expuestos a la guerra”.
El Gobierno colombiano y las FARC firmaron el miércoles en La Habana (capital de Cuba) un importante acuerdo sobre justicia transicional, al tiempo que establecían un plazo máximo de seis meses para lograr un pacto que ponga fin al conflicto armado.

El mencionado acuerdo sobre justicia contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de privación de libertad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero otorga amnistía a los autores de delitos políticos.
Las FARC y el Gobierno colombiano iniciaron un proceso de paz en noviembre de 2012 con el objetivo de poner fin a un conflicto armado que ha dejado, según estimaciones no gubernamentales, casi 5 millones de desplazados y al menos 600.000 muertos.
Recientemente, las FARC, en un intento de demostrar que apuestan por la paz, anunciaron su participación en el escenario político de Colombia.
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