• Soldados colombianos.
Publicada: miércoles, 24 de junio de 2015 22:37
Actualizada: viernes, 4 de mayo de 2018 8:15

La oenegé HRW ha vinculado a altos militares del Ejército colombiano con ejecuciones extrajudiciales "generalizadas y sistemáticas" de civiles entre 2002 y 2008.

En un informe publicado este miércoles titulado "El rol de los altos mandos en falsos positivos", el Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) revela la implicación de "numerosos generales y coroneles" en la ejecución de civiles durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2008).

Soldados y oficiales, presionados por superiores para incrementar el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos, dice HRW.

“Soldados y oficiales, presionados por superiores para incrementar el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”, revela HRW en un informe de 105 páginas.

En este informe figura el nombre de dos eminentes generales del Ejército colombiano: Juan Pablo Rodríguez, actual jefe de las Fuerzas Militares, y Jaime Lasprilla, comandante del Ejército.

De acuerdo con los datos obtenidos, tanto Rodríguez como Lasprilla dirigieron brigadas en las que se registraron al menos 76 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El director ejecutivo de la división de las Américas de HRW en Bogotá, capital de Colombia, José Miguel Vivanco, ha denunciado a los militares colombianos por estos crímenes y ha sostenido que hay cada vez más evidencias que responsabilizan a estos oficiales de alto rango de hechos atroces.

Juan Pablo Rodríguez, actual jefe de las Fuerzas Militares colombianas.

 

"Los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares", ha subrayado.

De acuerdo con HWR, la Fiscalía colombiana está investigando actualmente al menos 3.000 casos relacionados con el asesinato de civiles, sin embargo, aunque cientos de soldados de bajo rango han sido condenados, no hay ningún coronel o general sentado en el banquillo.

Uno de los principales factores que impiden que estos altos mandos militares sean procesados, ha indicado Vivanco, son los obstáculos sustanciales que enfrentan los fiscales.

“Los fiscales enfrentan obstáculos sustanciales que impiden que haya avances en sus casos, y que incluyen desde represalias contra testigos clave hasta falta de cooperación por parte de autoridades militares", ha aducido al añadir que "posiblemente cientos" de casos están en la Justicia Penal Militar, "donde prácticamente se garantiza su impunidad".

Jaime Lasprilla, comandante del Ejército colombiano.

 

El informe de HRW  ha sido elaborado a partir del análisis de datos de la Fiscalía colombiana inéditos hasta este momento, expedientes penales; testimonios de testigos, en gran parte hasta hoy no publicados; grabaciones de conversaciones mantenidas por el Teniente Coronel Robinson González del Río, las cuales fueron ordenadas judicialmente y efectuadas por autoridades judiciales tras su detención por falsos positivos; así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados, entre otras fuentes.

HRW urge al Gobierno colombiano ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y proteger a los testigos y sus familias.

Asimismo pide que las medidas de justicia transicional que se incluyan en un futuro acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no permitan la "impunidad" frente a los falsos positivos.

La organización advierte, además, de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) vigila los procedimientos abiertos y "podría" iniciar su propia investigación si considera que Colombia no está dando los pasos necesarios para depurar responsabilidades y hacer justicia.

"Si Colombia no lleva ante la justicia a los máximos responsables, el TPI debería abrir una investigación formal", ha reclamado Vivanco.

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