La ley plantea que unas 6000 empresas confiscadas por el gobierno sean devueltas a sus antiguos propietarios, después de que la Asamblea Nacional haga una auditoría de esas compañías, de las que al menos 300 son productoras de alimentos escasos en el país.
"La ley es muy clara, no habla de privatizar, lo que habla es de que las empresas que no están produciendo las pongamos a producir", dijo el jefe de la bancada opositora, el diputado Julio Borges, impulsor de la normativa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la población a “reaccionar contra la ley” que considera “ilegal”, “inmoral” e “inconstitucional”, ya que, según el mandatario, pretende quitar las tierras a los campesinos y a los indígenas.
La ley es muy clara, no habla de privatizar, lo que habla es de que las empresas que no están produciendo las pongamos a producir", dijo el jefe de la bancada opositora, el diputado Julio Borges.
Por su parte, el diputado oficialista Francisco Torrealba aseguró que con esta ley, la oposición busca entregar esas compañías a "poderes transnacionales", porque "están vendidos al Fondo Monetario Internacional".
Desde que la oposición de Venezuela se hizo con el control de la AN, tras ganar las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el país suramericano vive una tensa coyuntura política con choques entre ambos lados.
Hasta el momento, el Parlamento venezolano no solo ha intentado provocar la renuncia del dignatario, sino que también se ha opuesto a las medidas de su Ejecutivo, entre ellas las iniciativas económicas.
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