El gobierno del estado de Nuevo León (noreste), quien investigaba los actos violentos del pasado 11 de febrero, descubrió que detrás de las paredes del penal se escondía un paraíso para algunos de los encarcelados, ya que en ellas se encontró un bar, 280 tiendas de comida y comestibles.
Las autoridades desmantelaron el bar que directamente operaba bajo mando de la red criminal, que ofertaba productos con sobreprecios de hasta un 120 por ciento a las celdas, las mismas que estaban equipadas con salas, aparatos de minisplits (aire acondicionado), ordenadores, frigobares, televisión con servicio de cable y hasta acuarios y baños sauna.
Un día después de la reyerta, la policía se enfrentó con los familiares de los reclusos que exigían a los funcionarios penitenciarios una explicación sobre los sucesos.
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