En la denuncia, los participantes afirman haber sido “sometidos a una inusitada violencia con puntapiés con el objetivo de reducirlos, así como haber sido objeto de sometimientos graves, tanto morales como psicológicos”, anunciaron el jueves fuentes judiciales.
De acuerdo con dichas fuentes, la decisión sobre la tipificación de la denuncia con el grado de “tortura” corresponde en primer lugar a la Fiscalía, aunque en última instancia es la juez encargada del caso quien deberá decidir.
Según el Poder Judicial de Uruguay, hubo 13 detenidos y ocho manifestantes lesionados durante los enfrentamientos, además de 24 agentes heridos en el desalojo de la sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública uruguaya.
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