Por Alberto García Watson
La violencia paramilitar ejercida para la expulsión territorial jamás pierde su naturaleza de terrorismo por el hecho de que sus mandos muten posteriormente en diplomáticos, ministros o primeros ministros. Integrar a fanáticos armados en las instituciones públicas no borra a sus víctimas ni absuelve sus crímenes; únicamente institucionaliza la barbarie.
Lo que hoy presenciamos en la Cisjordania ocupada no es un brote espontáneo de fanatismo ni una suma fortuita de “incidentes aislados”. Es la ejecución metódica y continuada de una misma hoja de ruta: la aplicación deliberada del terror colono como vector de limpieza étnica y desposesión territorial absoluta.
La barbarie como pedagogía del terror
No se trata de una hipótesis analítica, sino de una realidad sangrienta documentada con precisión. En julio de 2015, colonos extremistas incendiaron una vivienda en la aldea palestina de Duma. Allí quemaron vivo a Ali Dawabsheh, un bebé de apenas 18 meses, y provocaron semanas después la muerte de sus padres, Sa’ad y Riham, a causa de las quemaduras. Meses más tarde, en la tristemente célebre “boda del odio” celebrada en Jerusalén, decenas de colonos festejaron la masacre bailando con fusiles de asalto, botellas de fuego y acuchillando repetidamente la fotografía del bebé Ali impreso en papel.
Aquel episodio no fue una aberración folclórica; fue la manifestación explícita de una pedagogía del odio que hoy forma parte de la política de Estado. La escalada actual evidencia que la impunidad ha borrado cualquier límite: las huestes colonos ya no solo atacan a las comunidades palestinas indefensas en Huwara, Turmusayya o la Masafer Yatta, sino que agreden brutalmente a periodistas y diplomáticos internacionales para sofocar cualquier testigo.
Ahí está el caso de Heidi Levine, la veterana fotoperiodista estadounidense de The Washington Post, apaleada en el suelo por colonos enmascarados mientras cubría la recolección de la aceituna en Abu Falah; o el reciente ataque contra una comitiva oficial de diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia, donde un grupo de colonos agredió a un alcalde francés, reventó las ventanillas de un vehículo consular belga y acorraló a los representantes internacionales.
Cuando el gobierno de Benjamín Netanyahu, con figuras abiertamente supremacistas en carteras clave de seguridad interior y finanzas, distribuye miles de armas de guerra a las milicias de colonos, amplía la construcción de asentamientos ilegales, despliega al ejército para escoltar sus incursiones y garantiza impunidad penal a los perpetradores, la distinción entre actor estatal y milicia colono se disuelve por completo. No estamos ante un Estado que ‘fracasa’ en contener la violencia, sino ante un poder político que la diseña, apoya e instrumentaliza.
El derecho internacional pulverizado
Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico internacional, la arquitectura del régimen de ocupación israelí vulnera de forma flagrante y sistemática las normas imperativas (jus cogens):
- Violación de la IV Convención de Ginebra (Art. 49): Prohíbe expresamente que una potencia ocupante traslade a su propia población civil al territorio que ocupa. Los asentamientos coloniales son, por definición, crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
- Ilegalidad de la anexión de facto: Tal como ha reiterado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en sus dictámenes sobre las consecuencias jurídicas de las políticas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, la transferencia forzosa de población autóctona mediante el terror colono y la privación de recursos constituye una violación del derecho a la libre determinación y una práctica de limpieza étnica.
- Incumplimiento de las resoluciones de la ONU: La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige el cese inmediato de toda actividad colonizadora. Su desatención continuada evidencia la quiebra del marco multilateral cuando no se aplican sanciones coercitivas.
La complicidad de Europa y la coartada de la impunidad
Esta maquinaria de despojo no se sostiene únicamente por el dinamismo de las brigadas de colonos ni por el cinismo del Gabinete de Tel Aviv. Se sostiene por el blindaje que le otorga el silencio diplomático y la inacción de Occidente.
Las constantes ‘declaraciones de preocupación’ emitidas desde Bruselas son una farsa insostenible mientras la Unión Europea mantenga intacto el Acuerdo de Asociación UE-Israel, continúe el comercio directo con productos procedentes de los asentamientos ilegales y se sostenga el flujo de compraventa de armamento. Al tratar las relaciones económicas y comerciales como si fueran ajenas a la ocupación militar, Europa liquida su propia credibilidad y se convierte en cómplice directa del despojo.
Los agricultores palestinos, expulsados sistemáticamente de sus olivos y tierras ancestrales, no necesitan más declaraciones retóricas. Necesitan la imposición de embargos de armas, sanciones económicas demoledoras, la suspensión de tratados preferenciales y el juzgamiento de los responsables materiales e intelectuales ante los tribunales internacionales.
Resulta intelectualmente ruin que cada denuncia rigurosa contra esta política de persecución e impunidad pretenda ser acallada mediante la instrumentalización del estigma del antisemitismo. Utilizar la memoria histórica como escudo protector para encubrir violaciones graves del derecho internacional e ideologías colonialistas es la coartada definitiva para garantizar la impunidad.
Europa debe decidir de una vez si su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional es una norma vinculante o una simple máscara para preservar las apariencias. La pregunta ya no es cuántos comunicados más redactará la diplomacia occidental, sino cuánto tiempo más está dispuesta a ser patrocinadora del terrorismo de Estado y la expulsión de un pueblo.
La chispa y la explosión: la inevitable respuesta del pueblo agredido
2022 no fue un año más en la cronología de la ocupación; fue el año negro en el que las métricas del terror se dispararon. Las muertes, las agresiones cotidianas y las expulsiones forzadas de comunidades palestinas en Cisjordania a manos de colonos protegidos e instruidos por el aparato estatal alcanzaron cifras récord, sumiendo al pueblo hermano en un martirio insostenible ante la mirada impasible de la comunidad internacional.
Es desde este prisma de asfixia y acorralamiento metódico desde donde debe analizarse la acción del 7 de octubre. Sin necesidad de recurrir a la justificación ni al aplauso, resulta analíticamente ineludible y plenamente comprensible entender esa incursión desde Gaza como un manotazo de ahogado, una respuesta desesperada ante la agonía inducida de Cisjordania. Frente a la parálisis y la sumisión de un liderazgo palestino institucional carente de legitimidad, convertido en un mero administrador del statu quo bajo la tutela de Tel Aviv, la resistencia palestina ejecutó un golpe sobre la mesa destinado a romper el tablero.
El 7 de octubre no nació del vacío ni del mero fanatismo, fue la consecuencia lógica e inevitable de décadas de impunidad colono-estatal. Fue un intento brutal de frenar por la fuerza una política de limpieza étnica, desposesión y exterminio progresivo que Israel implementaba impunemente a plena luz del día. Ignorar el martirio previo de Cisjordania para juzgar los acontecimientos posteriores no solo es una trampa analítica, sino una forma ruin de complicidad con la maquinaria de ocupación.
