Un grupo de políticos y líderes sociales llegaron a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, sede del poder de las Fuerzas Armadas hondureñas; para pedirles retiren su apoyo a Juan Orlando Hernández, a pesar de la violación de la Constitución durante su Administración presidencial, y aseguren la alterabilidad en la presidencial del país.
El presupuesto del año 2020 para los militares asciende a más de 300 millones de dólares, con un aumento de más del 39 % con referencia al año 2019, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Ese dinero les vale para mantener su apoyo a Hernández.
Los militares hondureños también son criticados por su supuesta colaboración en seguridad y logística para las acciones delictivas que realizaba Tony Hernández, el hermano del actual presidente hondureño.
El Estado Mayor Conjunto se ha convertido en la cueva de reuniones y negociaciones entre los políticos y quien tienen las armas para mantener el statu quo en el país.
Los generales hondureños niegan que hayan dado apoyo a Tony Hernández en su trasiego de drogas hacia Estados Unidos, y que tampoco han protegido al actual mandatario.
La Constitución hondureña otorga la responsabilidad a los militares de asegurar la alterabilidad en el Poder Ejecutivo y resguardar las elecciones cada 3 años.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
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