Una comunidad entera mediante sus representantes denunció ante el Congreso de Guatemala la violación de sus derechos como pueblos autónomos respecto al abuso de una empresa multinacional distribuidora de energía eléctrica utilizando a la policía Nacional Civil para reprimir a los pobladores.
La empresa es una multinacional colombiana que desde hace tiempo viene acarreando problemas de abusos contra pobladores de diferentes comunidades, la ley establece que previo a la realización de cualquier proyecto de impacto general se deben consultar a los habitantes de la zona, y ello no se cumple.
La policía y la procuraduría de los derechos humanos también fueron citados al congreso para rendir un informe sobre las razones que tuvieron para pasar por encima de la voluntad de los pobladores en defensa de la multinacional.
La misma situación experimentan otras comunidades con empresas mineras e hidroeléctricas en donde los derechos comunitarios establecidos en el convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) son violados de manera sistemática de la mano de importantes instituciones del estado de Guatemala.
En buena medida es la Corte de Constitucionalidad quien falla a favor de estas incursiones policiales a territorios comunitarios, una Corte seriamente señalada de estar plegada a intereses económicos empresariales.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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