En Guatemala siguen desaparecidas 45 000 víctimas como resultado de un conflicto armado interno que duró 36 años, los familiares de una de esas víctimas exigen justicia y cuentan con las pruebas que señalan a militares retirados que en su momento materializaron planes contrainsurgentes, desapariciones y torturas, el caso está llegando a sus últimas instancias en un tribunal de sentencia después de 43 años de buscar justicia.
Juan Francisco Cifuentes Cano es el nombre del militar retirado que sigue el juicio por videoconferencia desde el hospital militar donde se encuentra recluido por quebrantos de salud, de la misma manera que lo han hecho la mayor parte de militares que han llegado al banquillo de los acusados.
El Ministerio Publico pidió 170 años de prisión para Cifuentes Cano bajo las acusaciones de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, además de una reparación digna para los familiares, el caso fue conocido por la CIDH y el estado de Guatemala fue señalado de violaciones contra la vida.
La justicia en Guatemala le sigue debiendo a las víctimas del conflicto armado interno, muchos de los sobrevivientes han muriendo igual que sus verdugos sin conocer siquiera un tribunal de justicia.
El sistema de justicia en Guatemala y en sí el estado han jugado un papel determinante para que los perpetradores de genocidio y delitos de lesa humanidad no lleguen a juicio, mientras tanto los familiares de las victimas exigen que se abran los cuarteles, donde se encuentran los restos de sus seres queridos, argumentan.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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