La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares llevadas a cabo en 2017 en el estado de Rakáin.
En una sentencia histórica, aprobada por nueve votos contra seis, el máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas de seguridad birmanas actuaron con intención genocida y perpetraron asesinatos, violaciones, actos de violencia sexual y ataques contra niños. Asimismo, determinó que Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales de prevenir y sancionar el genocidio, por lo que exigió investigar a los responsables, adoptar medidas para evitar la repetición de estos crímenes y reparar los daños ocasionados a las víctimas. El procedimiento fue iniciado por Gambia en 2019, al amparo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
La ofensiva militar de agosto de 2017 provocó el desplazamiento forzado de más de 700 000 rohinyás, quienes huyeron de sus hogares y buscaron refugio en Bangladesh, principalmente en los enormes campamentos situados cerca de Cox’s Bazar. Actualmente, alrededor de 1,2 millones de integrantes de esta comunidad permanecen en territorio bangladesí, muchos de ellos en asentamientos superpoblados y en condiciones de extrema precariedad, sin perspectivas claras de un retorno seguro y voluntario.
Pese a las medidas exigidas por la CIJ para garantizar la protección de las víctimas y la reparación de los daños, la aplicación de sus decisiones continúa representando un desafío. Por su parte, las autoridades de Myanmar rechazaron las conclusiones del proceso y calificaron el fallo de injusto. Mientras tanto, la población rohinyá sigue enfrentándose al desplazamiento, la privación de derechos fundamentales y la incertidumbre sobre su futuro.
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